FRENTE 03.
Protección de bienes y estabilidad económica ante una denuncia de violencia doméstica o de género
Una denuncia puede derivar en obligaciones económicas, restricciones sobre bienes y escenarios de liquidación patrimonial que, sin planificación, resultan muy difíciles de revertir. Este frente es el menos urgente en los primeros días, pero el que tiene mayor impacto económico a largo plazo.
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El frente patrimonial no se activa solo cuando hay condena. Desde el inicio del conflicto hay decisiones sobre bienes, cuentas y obligaciones que pueden comprometer la posición económica del cliente — incluso si el proceso penal termina favorablemente.
El impacto patrimonial de una denuncia puede materializarse en distintos planos, no siempre evidentes al inicio.
Bienes inmuebles y hogar familiar
La exclusión del hogar como medida cautelar puede derivar en disputas sobre la titularidad y uso del inmueble, especialmente en regímenes de comunidad de bienes o cuando hay deuda hipotecaria compartida.
Cuentas, ahorros e inversiones
Durante el proceso pueden surgir restricciones o reclamaciones sobre cuentas conjuntas, ahorros y activos financieros, especialmente si se abre un proceso de divorcio en paralelo.
Empresa o actividad independiente
Si el cliente tiene empresa propia o actividad independiente, el conflicto puede afectar su funcionamiento, reputación o capacidad de generar ingresos — lo que a su vez incide en las obligaciones de pensión alimenticia.
Obligaciones económicas derivadas del proceso
Pensión alimenticia, honorarios de defensa, eventuales indemnizaciones o medidas de reparación económica. Proyectar estos escenarios desde el inicio permite tomar decisiones con información real.
Errores frecuentes en el frente patrimonial
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Realizar transferencias de bienes o movimientos de cuentas en el contexto del conflicto, sin análisis jurídico previo — lo que puede ser interpretado como intento de ocultamiento.
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Aceptar condiciones de pensión alimenticia sin análisis de la capacidad económica real y los costos adicionales del proceso.
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No documentar adecuadamente la situación patrimonial al inicio del conflicto, lo que complica la defensa en un proceso de divorcio posterior.
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Tomar decisiones sobre la empresa o actividad independiente sin considerar el impacto en los ingresos declarados y su relación con las obligaciones alimentarias.
Estudio inicial de la situación patrimonial: bienes, deudas, ingresos, activos en riesgo y obligaciones potenciales.
Identificación de los activos con mayor exposición y definición de estrategia de resguardo dentro del marco legal.
Asesoramiento en la fijación de pensión alimenticia: base de cálculo, forma de pago y revisión en función de la evolución del proceso.
Proyección de escenarios económicos según los distintos desenlaces posibles del proceso penal y familiar.
Coordinación con el frente penal y familiar para que las decisiones patrimoniales no generen consecuencias negativas en los otros planos del caso.
Las decisiones patrimoniales tienen impacto directo en los otros frentes. Trabajamos los tres de forma coordinada.
Defensa penal
El resultado del proceso penal puede determinar obligaciones económicas directas. Ambos frentes se trabajan de forma coordinada.
Defensa Familiar
La pensión alimenticia y el divorcio son el puente entre el frente familiar y el patrimonial. Las decisiones en uno afectan al otro.